España tiene, según los últimos datos de población, siete millones de ciudadanos nacidos fuera del país. La inmigración masiva es relativamente reciente, y cobró un fuerte impulso en los últimos 25 años, cuando ya el resto de países europeos llevaban varias décadas intentando gestionar la llegada de trabajadores extranjeros.
Es un fenómeno sin el cual no hubiera sido posible el bum económico de la década del 2000 y sin el cual la economía española, hoy, no tendría la fortaleza que posee ni podría cubrir muchos puestos de trabajo. Es, en definitiva, una oportunidad que beneficia a ambas partes.
Este es el escenario, y hace tiempo que deberíamos haber empezado a trabajar para incorporar a los que van llegando. Incorporarlos no significa, por ejemplo, ser benevolentes con los que delinquen o cometen irregularidades —como tampoco se es benevolente con los delincuentes españoles— sino respetar sus derechos y exigir que ellos respeten y cumplan con lo que establece la ley.
En algunas localidades en las que hay una mayor proporción de trabajadores foráneos, los grupo extremistas se apresuran a culparlos de todos los males, a proponer que se limiten sus derechos y a reclamar su expulsión como solución a cualquier problema. Y eso es lo que ha ocurrido en Jumilla, esa localidad de 27.000 habitantes que ha saltado a las noticias. Una moción de Vox, que en la práctica vetaba la celebración del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, fue enmendada por el grupo de gobierno del PP con un lenguaje más neutro, prohibiendo cualquier actividad no deportiva. La trampa funcionó: la medida salió adelante solo con los votos populares, amparada en una supuesta amenaza a la convivencia para la que nadie ha aportado pruebas.
Jumilla no es una polémica puntual, es una muestra de lo que puede venir, porque ya lo hemos visto repetido en muchos países europeos. Este tipo de medidas se extienden, se propagan a otras zonas y el discurso populista acaba penetrando y arrastrando los programas de los partidos más moderados. Jumilla no puede ser el banco de pruebas de Vox, aprovechando que España lleva años improvisando sus políticas de inmigración en todos los frentes. Los modelos de integración no existen o no sirven para nada, y las medidas para legalizarlos son una incongruencia: pasan años sin papeles, trabajando en negro mientras se les exige que se empadronen, pero —menos mal— sus hijos pueden ir al colegio.
La inmigración está aquí y va a quedarse, tenemos que entender que es parte de nuestra realidad social. O empezamos a trabajar o acabarán existiendo demasiadas Jumillas.