Galicia ante el desafío renovable
OPINIÓN
Galicia se encuentra en un momento histórico. Es un territorio con importantes recursos naturales que ve en las energías renovables una gran oportunidad para construir un futuro próspero y sostenible. Pero para ello, debe decidir cuál será su papel en el proceso de transición energética más importante del último siglo. En este contexto, el actual despliegue renovable en Galicia presenta problemas normativos, en integración territorial y participación ciudadana; elementos que han conducido al caos judicial actual y a una percepción social negativa de gran parte de la ciudadanía.
Recordemos que Galicia cerró el 2024 con más de 60 proyectos eólicos suspendidos judicialmente, pendientes de la resolución de una cuestión prejudicial sobre información pública en los procesos de evaluación ambiental. Y que también existen multitud de denuncias contra varias iniciativas energéticas por daños potenciales sobre biodiversidad y patrimonio, debido a su tamaño y ubicación. A ello se suma una creciente tensión con los sectores económicos tradicionales (agricultura, ganadería, pesca y turismo rural), por el posible impacto en tierras cultivables, fauna, flora y paisaje. El conflicto aumenta ante la falta de concreción sobre beneficios locales de los proyectos renovables.
Ante este escenario, la colaboración y el diálogo entre las diferentes partes implicadas se presenta fundamental. Aquí, el proceso de diálogo «Renovables con el territorio: Una visión compartida», impulsado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain), en colaboración con la European Climate Foundation, Eudemon Project e Insta Servicios Jurídicos Ambientales, ha abierto una ventana de oportunidad. Se ha logrado crear una hoja de ruta con 50 propuestas de cambios legislativos y buenas prácticas para alcanzar un despliegue de energías renovables más justo con el territorio. Se han abordado temas como la relación entre las renovables y las actividades económicas locales, su impacto en la biodiversidad y el paisaje, procesos de participación ciudadana en proyectos energéticos, y la reinversión de las ganancias en infraestructura y servicios públicos. Propuestas concretas con su justificación, agente responsable, dificultades y experiencias para superar estos desafíos.
Entre las medidas aplicables a Galicia destacan, en materia de gobernanza, el desarrollo de un protocolo de comunicación con las comunidades locales para anticipar impactos y comprender inquietudes ciudadanas. También la creación de grupos de trabajo y ampliación de personal en las administraciones para agilizar procesos técnicos y normativos (muchos ayuntamientos tienen medios insuficientes). Se propone limitar las expropiaciones a casos excepcionales, fomentar la participación ciudadana y municipal en el accionariado de las plantas de energía renovable, y crear oficinas comarcales especializadas en transición energética para un asesoramiento de proximidad.
En materia de desarrollo local y empleo resulta clave facilitar la coexistencia entre agricultura y energía solar fotovoltaica («agrivoltaica»), fomentar el autoconsumo colectivo mediante comunidades energéticas (permite combatir la pobreza energética) y promover planes de inversión local respaldados por las empresas promotoras.
Además, en el ámbito de biodiversidad y paisaje, se necesitan normas que armonicen la instalación de infraestructuras renovables con los ciclos vitales de la fauna local, así como la conservación del patrimonio histórico y cultural, ampliando terrenos no aptos para grandes proyectos renovables cuando sea necesario.
Invertir en infraestructuras, proteger el territorio y alcanzar consensos no solo es posible, sino necesario. Galicia tiene el potencial de liderar una transición energética exitosa a nivel europeo, pero solo si se hace desde el diálogo y la participación real de todas las partes implicadas.