Sánchez ha decidido que es el momento de colocar en el centro de la opinión pública a las universidades privadas. No está muy claro por qué. Puede considerar que, un año después de comprometerse a endurecer los criterios ante Sumar, ERC y Bildu, ha llegado la hora de cumplir. Puede que piense que es un buen argumento para desviar la atención de los frentes judiciales. O puede que haya encontrado otro escenario para ir al choque con Isabel Díaz Ayuso, acusada de favorecer a las universidades privadas mientras recorta la financiación de las públicas.
Sea el detonante que sea, lo que se coloca en el centro del debate es la universidad, esa institución que debe ser la encargada de formar a los ciudadanos del futuro pero también de investigar y alumbrar nuevos conocimientos. Es evidente, como dijo Sánchez, que la universidad no puede ser una mera «fábrica de títulos sin garantías». Y sobre todo, como explicó su portavoz Alegría, que la clave es distinguir entre universidades buenas y malas. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero en sus intenciones el Gobierno equivoca el tiro. Más allá de establecer unos criterios mínimos de calidad que deban cumplir los centros privados, lo que debe estar en el centro de sus preocupaciones es que la universidad pública se acerque lo más posible a la excelencia. Evitar la apertura masiva de universidades privadas que no dan el nivel contribuye a que deje de inflarse la burbuja, pero no soluciona las carencias de la universidad pública, la financiada con los impuestos de todos los españoles y que educa ahora mismo a un millón de alumnos, el 73 % de los universitarios.
Donde debe poner el esfuerzo el Gobierno es en asegurarse de que las comunidades autónomas disponen y transfieren la financiación suficiente; garantizar que los profesores que forman a esos universitarios llegan por méritos y no porque tengan afinidad con la corriente ideológica que domina en el centro; y adecuar los títulos a la realidad, acelerando la puesta en marcha de los que van a ser necesarios para el desarrollo económico y social, lo que elevará la empleabilidad. Y cuando investiguen, que las publicaciones tengan calidad y sean oportunas y útiles a la sociedad.
Cuando estos sean los estándares que rijan en la enseñanza pública, el resto vendrá solo y el mercado hará la limpieza. Solo sobrevivirán las universidades privadas que den el nivel. Porque apostar por algunas de las demás para tener un título en papel será una pérdida de esfuerzo y de dinero para los alumnos.