Antes bastaba con un apretón de manos; ahora no sirve ni una escritura notarial. La seguridad jurídica debe ser un elemento central del Estado de derecho y es también clave para asegurar que ciudadanos de a pie, inversores nacionales y extranjeros puedan tomar decisiones de inversión de relevancia con la tranquilidad de que la ley los va a proteger como propietarios, y que la inversión que han realizado se va a convertir en algún momento en rentable, y no en un «saco de problemas».
Con la aprobación de una parte del decreto ómnibus, los propietarios de inmuebles puestos en alquiler han asistido estupefactos, una vez más, a la demostración de esa falta de seguridad jurídica, de falta de protección a un sector de la población. Se aprueba una prórroga (una más) a la prohibición de desahucios para familias o personas vulnerables. Se hace sin tener en cuenta, por ejemplo, que también hay muchos propietarios que a su vez son vulnerables, hasta el punto que dependen de los ingresos de ese alquiler para pagar la hipoteca, la compra y afrontar sus necesidades más básicas.
El enorme problema de la carestía de la vivienda existe. Nadie está libre de verse en una situación económica complicada por mucho que haya políticos a los que se les llene la boca de hablar del asombroso crecimiento del PIB, de las buenísimas cifras de paro, y hasta de lo mucho que se han revalorizado los salarios. Sin embargo, el sentir común tanto de los que trabajan como de los que reciben ayudas públicas es que el dinero no alcanza. Pasar de poder pagar la renta de la vivienda y las facturas y poder tirar de tarjeta para comprar lo que nos apetece a, de repente, vernos en una situación de imposibilidad de hacerle frente a todos los gastos es muy sencillo. En ese momento nos vemos obligados a decidir qué es lo prioritario: que cosas hay que pagar sí o sí.
En este contexto, con las medidas aprobadas en Consejo de Ministros, el pago del alquiler no figura entre las prioridades. Hay gente que deja de pagarlo. Parece que no pasa nada, pero sí que pasa: los propietarios dejan de percibir un dinero con el que contaban. El Estado ha trasladado el problema de la vivienda a esos propietarios, en la mayoría gente que se ha sacrificado o se sacrifica, por ejemplo, para pagar una hipoteca.
Es fácil «invitar» con el dinero de otros; es al Estado al que le corresponde paliar la situación de las personas vulnerables. Trasladar este problema a los propietarios no hace más que acrecentarlo al constreñir la oferta: nadie quiere poner su vivienda en alquiler para quedarse en la incertidumbre de si va a cobrar la renta mes a mes, si en el momento de recuperar la vivienda tendrá que hacer frente a desperfectos y si en ese tiempo que esté okupada tendrá que abonar los recibos de electricidad, agua y gas, además del IBI, que eso sí, la Administración no se perdona.
El problema de la vivienda es complejo. La seguridad jurídica es un pilar básico para los que buscan a través del alquiler tener una jubilación mejor o darle un futuro mejor a sus hijos. Son estos los que tienen que tener la certeza de que si otro ciudadano les okupa el inmueble, el Estado les respaldará. Porque es ese mismo Estado el que recauda miles de millones de euros con los tributos que llevan aparejadas las compraventas y aquellos otros que se conocen como impuestos sobre bienes inmuebles o sucesiones. Y son los mismos propietarios a los que se les insulta con estas medidas.