Bruselas rechaza que España prohíba a los autobuses de líneas internacionales recoger viajeros para trayectos locales
GALICIA
En Galicia hay enlaces con 40 conexiones internacionales de FlixBus que no pueden llenar sus asientos libres con pasajeros que solo se mueven por el interior de la comunidad
17 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Europea no está conforme con la interpretación que hace España de los reglamentos comunitarios que consagran la liberalización de los servicios internacionales de transporte por carretera, ni tampoco con la aplicación que realiza de la rígida legislación interna española, basada en un régimen concesional estricto que apenas cambiará en la nueva Ley de Movilidad Sostenible que está en fase de enmiendas en el Congreso.
La Comisión llegó a estas conclusiones a la luz de la falta de acuerdo entre Alemania y España sobre una línea internacional que iba a unir Madrid con Tréveris (Alemania), atravesando Luxemburgo y Francia, con nueve paradas: Luxemburgo, Metz, Nancy, Lyon, Montpellier, Perpiñán, Barcelona, Zaragoza y Guadalajara. Esta línea, que iba a ser operada por la empresa alemana FlixBus, incluía la posibilidad de realizar cabotaje de viajeros en España, es decir, recoger a usuarios locales para realizar trayectos interiores en las localidades en las que estaba previsto fijar una parada. Siempre de forma limitada y regulada para no poner en riesgo las concesiones estatales o autonómicas en vigor en esos itinerarios.
Como suele hacer en los últimos años, España no autorizó el cabotaje, alegando que el Reglamento 1073/2009 permite supeditar los servicios de cabotaje realizados en una conexión internacional a la legislación nacional, concretamente a la ya vetusta ley de transportes de 1987. Así, hay cinco ciudades gallegas (Vigo, Santiago, Lugo, Ourense y A Coruña) incluidas en la red internacional de FlixBus, con 23 conexiones con Francia y 28 con Portugal, pero no se pueden aprovechar estos itinerarios para llenar asientos vacíos con pasajeros de ciudades intermedias, ni siquiera en algunos itinerarios que no están previstos en el mapa concesional estatal.
España, tal vez temerosa de que el cabotaje suponga una liberalización encubierta en unas concesiones monopolizadas por un solo operador, es el país más grande de la UE que todavía no permite ningún tipo de cabotaje, pese a que el Reglamento 1073/2009 es de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros.
Derecho al cabotaje
En una decisión adoptada el 16 de abril que está firmada por el comisario e Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, y que acaba de ser comunicada a los Gobiernos alemán y español, la Comisión recuerda que el artículo 14 de esa normativa comunitaria consagra el principio de que cualquier empresa de transporte tiene derecho a realizar cabotaje, «sin discriminación por razón de nacionalidad o lugar de establecimiento», por lo que se considera que la decisión española de prohibirlo, en este caso concreto y en otros, «no puede considerarse justificada con arreglo al reglamento», por lo que se debe aceptar la solicitud presentada por FlixBus en junio del 2024.
La Comisión interviene así de forma directa en el asunto del cabotaje, cuestionando no solo la política seguida por el Ministerio de Transportes en este caso, sino en todos los demás en los que se ha rechazado la recogida local de viajeros. «El cabotaje no puede prohibirse ni limitarse mediante procedimientos o condiciones nacionales que contravengan lo establecido en el reglamento», sostiene Bruselas.
Mientras que en el modo ferroviario España ha apostado por la liberalización, en el sector de los autobuses va por detrás de muchos países europeos que optaron por la libre competencia: Alemania (2013), Italia (2014), Francia (2015), Portugal (2019) o Rumanía (2025).
El Congreso vota este miércoles una enmienda clave sobre el cabotaje
El Congreso vota este miércoles una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para adaptar la normativa española a las exigencias europeas para hacer del mercado del transporte por carretera un instrumento más flexible. BNG, Sumar y Bildu pretenden introducir el cabotaje de forma clara en el texto legal estableciendo límites, de forma que el 51 % de los pasajeros que mueva cada línea sean viajeros internacionales. Más de la mitad de las concesiones españolas de autobús están caducadas. Muchas fueron otorgadas durante el franquismo y no se han vuelto a licitar en democracia.