Alúmina Española reduce su capital en 57 millones, un 40 %, para compensar pérdidas
ECONOMÍA
La empresa expone que la finalidad es «restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas»
04 jul 2025 . Actualizado a las 14:27 h.La empresa Alúmina Española, S.A.U., filial de Alcoa, ha reducido su capital social en una cuantía de 57,3 millones, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), mediante la disminución, en 24,37 euros, del valor nominal de la totalidad de las acciones en circulación de la sociedad.
De este modo, el capital restante queda fijado en 83.989.000 euros, dividido en 2.350.000 acciones de 35,74 euros de valor nominal cada una. De acuerdo con la publicación en el boletín oficial, la sociedad aprobó el pasado 27 de junio la modificación del artículo 6 de sus estatutos.
Los acreedores de la entidad no tendrán derecho a oponerse a esta medida. En el 2024, Alcoa reportó para Alúmina pérdidas netas de 29,4 millones, cuando el pasivo anotado había ascendido en el 2023 a casi 270 millones.
Alúmina Española tiene como administrador único a Rob Bear, dirigente de Alcoa que desde abril supervisa el complejo industrial de San Cibrao (con una refinería y una planta de aluminio), después de la marcha de la vicepresidenta a nivel europeo de la compañía del aluminio, Verónica Dolç. Desde entonces, los activos españoles de la multinacional quedaron desligados de los de Noruega e Islandia, que permanecen bajo la tutela de Tor Arne Berg.
Esta reducción de capital social se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del complejo industrial de San Cibrao.
Alcoa recortó en verano del 2022 al 50 % la producción de alúmina, justificando entonces el recorte en el precio del gas. Esta bajada productiva se mantiene actualmente, mientras la compañía ultima el trámite para ampliar de 100 a 104 metros la balsa de lodos rojos, el depósito de residuos de la refinería. Entre tanto, la compañía ha adquirido el 40 % que le faltaba sobre la instalación sancibrense y otras a nivel mundial, que anteriormente pertenecían a su socia australiana Alumina Limited.
En cuanto a la planta de aluminio, parada desde inicios del 2022, Alcoa anunció en primavera una joint venture con Ignis Equity Holdings a fin de retomar la producción, pero ahora reclama para arrancar garantías de que no habrá otro apagón ibérico como el del pasado 28 de abril. De este modo, y alegando «causas de fuerza mayor», incumple el acuerdo al que llegó con los trabajadores para cesar temporalmente la actividad, realizar reformas en la planta, mantener los empleos y reactivar la electrolisis al cien por cien. La empresa también ha decidido paralizar la construcción de un horno de cocción de ánodos, la principal obra incluida en el pacto con la plantilla. En las últimas semanas, sindicatos han sembrado con informes dudas sobre la capacidad económica de la socia de Alcoa.
Fuentes de la multinacional del aluminio justificaron la medida asegurando que «Alúmina Española se encontraba en una situación de desequilibro patrimonial significativo debido a la acumulación de pérdidas operacionales muy relevantes de los últimos años». Y aclararon que la operación se realiza «para ajustar el capital social al patrimonio actual de la empresa», porque «una estructura patrimonial más acorde con la realidad de la empresa permite una gestión más adecuada y ágil en relación con posibles desequilibrios que se puedan producir en el futuro derivados de pérdidas operativas de la sociedad
Además, detallaron, la operación «evita que la empresa se pueda categorizar como empresa en crisis, lo que impediría, en tal caso, el acceso a subvenciones públicas», y puntualizaron que «no implica ningún cambio en la liquidez de la sociedad
El pasado 25 de febrero, Aluminio Español, sociedad limitada filial de Alcoa de la que depende la planta de aluminio amplió en 161,2 millones su capital, para un total de 351,5 millones. La multinacional achacó esta operación financiera «a una capitalización de la deuda intragrupo para reforzar los fondos propios de las sociedades». La compañía admitía entonces no poder percibir ayudas públicas al estar en situación de empresa en crisis.