Competencia reduce al mínimo el margen del Gobierno para frenar la opa del BBVA

«Si no hubiera sido por influencia política, el análisis de Competencia no habría pasado a ‘Fase 2' y habría estado listo el pasado otoño, como esperaba el BBVA». Así explica un conocedor de los trabajos de la opa del banco vasco el peso de la influencia de partidos y Gobierno. Una advertencia para el momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la pelota en su tejado.

Debe decidir en los próximos 45 días si dificulta, suaviza o deja tal cual las condiciones pactadas por la CNMC y BBVA para poder someter la oferta al veredicto del los 200.000 accionistas del Sabadell. Un dictamen en el que, según la legislación, el margen se debe centrar en cuestiones de «interés general», como la «cohesión territorial», y con poca capacidad para revisar temas técnicos, ya que se considera que eso es materia que corresponde al supervisor. Además, que el expediente venga aprobado por unanimidad recorta el margen para meter el bolígrafo en el texto endureciendo las condiciones.

Así lo entiende el entorno del BBVA, que dio especial importancia a que la aprobación de la sala de Competencia del regulador saliera sin anexos en forma de votos particulares a los que pudiera agarrarse el Ejecutivo para una revisión de las condiciones. La clave es si, sobre ese escenario, se pueden modificar elementos para resolver el riesgo para la competencia que advirtió la CNMC. O si, como pidió el Sabadell, es posible revisar la metodología empleada en el análisis.

Por si fuera poca la tensión, se une la presencia del radar de Bruselas. Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE, que autorizó la opa en las cuestiones de solvencia, ha pedido «profesionalidad» en el análisis de lo referente a la competencia en el mercado.

Así las cosas, el Gabinete de Pedro Sánchez parece muy consciente de este escenario, ya que en todas las valoraciones realizadas en los últimos tres días ha hecho referencia a tres conceptos: «rigor», «prudencia» y «estudio». Todo un síntoma de lo delicado de la cuestión.

Terreno desconocido

El único precedente de una fusión empresarial en llegar a este punto sí contó con una intervención del Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros revisó el dictamen de la CNMC para rebajar las exigencias a la integración de Antena 3 TV y La Sexta.

En cualquier caso, en la situación actual se camina por un terreno nuevo, en el que casi no hay precedentes. Y sobre todo eso se desatan las imprevisibles consecuencias de las presiones políticas, ya evidenciadas en las últimas 72 horas. Primero, las que se encuentran dentro del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamando frenar la operación porque si no «pierde la democracia». Pero sobre todo, Cataluña, donde la oposición a la opa es muy acusada. Es, además, un feudo electoral clave y donde el PSOE reivindica a su principal barón autonómico, el presidente Salvador Illa. ¿Actuará el Gobierno de un modo que perjudique al líder socialista de la Generalitat, que anunció defender «por encima de todo los intereses de Cataluña»?

Desde allí llegan también las exigencias de Junts, que se ha convertido en el metrónomo de las decisiones más complejas y polémicas de Sánchez. La formación del expresidente catalán Carles Puigdemont quedó muy señalada desde el miércoles como posible cómplice necesario. Y es que uno de los vocales que respaldó la opa —y sin voto particular— en la CNMC fue el propuesto por los de Puigdemont, Pere Soler. Un histórico de la extinta CiU, exdirector de los Mossos durante el referendo ilegal del 1-O y expresidente del órgano de Competencia de Cataluña. Tras día y medio de silencio, Junts tuvo que sacar a la palestra el viernes a su portavoz, Jordi Turull, para tratar de disipar dudas urgiendo a Sánchez a que tome «una decisión política» y no autorice la opa «porque hay fundamento jurídico para ello». «Estamos en contra de forma frontal, nos oponemos del todo», enfatizó Turull enviando más presión a la Moncloa. Al tiempo, se afanó en salvar la posición de Soler en la CNMC porque, explicó, permitió que el texto recogiera la existencia de «problemas de competencia en Cataluña». Son los que justificaron los compromisos ofrecidos por BBVA, pero que según Turull dan también «amparo legal» para parar la opa.

En este clima, hoy, en un acto del Cercle d'Economia en Barcelona, se encontrarán los principales actores: Pedro Sánchez, el ministro Carlos Cuerpo, el presidente Salvador Illa y los de BBVA y Sabadell, Carlos Torres y Josep Oliu. Y, como testigo, la que fue vicepresidenta y ministra de Sánchez y ahora vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la UE, Teresa Ribera.

---

---