Solo uno de cada cuatro personados en el expediente de Altri han acreditado su interés
ECONOMÍA
Hubo 6.216 ciudadanos y entidades que pidieron ser tenidos en cuenta, pero 4.742 no contestaron a los escritos de la Xunta
17 abr 2025 . Actualizado a las 04:55 h.De las 6.216 personas y entidades que pidieron la consideración de interesadas en el proyecto de la planta de fibras textiles a base de celulosa de Altri, serán cerca de 1.500 las que podrán continuar en el proceso. La Xunta ha descartado 4.742 que no recogieron las notificaciones ni contestaron a las publicaciones en el BOE y el DOG en las que se les pedía acreditar ese interés, como exige la ley.
El Diario Oficial de Galicia publicó ayer un anuncio dirigido a un único ciudadano, que tiene un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación necesaria. Es el último que restaba para continuar el proceso tras un intensa gestión administrativa.
Las notificaciones a través de los boletines oficiales son un último recurso. La Administración debe recurrir a ellas cuando la solicitud se ha presentado con una dirección inexistente o, si es válida, cuando la notificación no ha podido ser entregada en mano por el cartero.
Además, la Xunta debe informar a quienes no han completado los trámites de su desistimiento. En conjunto, el Gobierno gallego estima que ha hecho más de 15.000 gestiones en relación con las peticiones de interés, aunque cerca del 75 % no fueran atendidas por los solicitantes.
La Xunta recibió 27.100 alegaciones al proyecto de la multinacional lusa. Muchas se redactaron siguiendo plantillas. El Gobierno gallego ha detectado 25 distintas, y solo con una se presentaron 15.000 reclamaciones.
En 6.500 se pedía la consideración de interesado, pero algunas estaban repetidas —una persona llegó a presentar 18 escritos—. Tras la eliminación de las duplicadas quedaron 6.216 válidas.
Regulación con dos leyes
El número definitivo de interesados se concretará cuando termine el plazo de diez días para responder a todos los anuncios en el BOE y el DOG y se determine quiénes cumplen los requisitos legales para ello.
Están detallados en dos normativas. La ley 39/2015 del procedimiento administrativo común otorga esa consideración a los titulares de «derechos o intereses legítimos» que puedan resultar afectados por el proyecto, sean particulares o asociaciones. La ley 27/2006, que regula el derecho a la información en materia de medio ambiente, incluye a las entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la protección del medio ambiente, que lleven dos años constituidas y que desarrollen su actividad en el ámbito afectado.
Es probable que el número final de interesados esté muy por debajo de los potenciales 1.500, ya que se han presentado solicitudes desde zonas muy alejadas de Palas de Rei, donde se ubicará la planta, o aduciendo argumentos como el derecho a la salud, que ampliarían a límites poco definidos la consideración de interés. En ambos casos es difícil que las peticiones de particulares encajen en el marco legal.
La Xunta explicó que no se ha exigido la acreditación como interesados a entidades ecologistas que ya figuran como tal en otros procesos similares, sino que se les ha otorgado esa condición de forma automática.
Las mismas fuentes añadieron que cerca de 3.000 solicitudes incluían además peticiones para acceder a los informes sobre el proyecto. Esas peticiones se atenderán cuando culmine el proceso para concretar la lista de interesados, a quienes se remitirá la documentación si la han solicitado.
Los interesados podrán alegar frente a la autorización ambiental y a la aprobación final
La condición de interesado permitirá a quienes la tengan hacer alegaciones a la autorización ambiental integrada, que la Consellería de Medio Ambiente prevé completar antes de que finalice el verano. También tendrán trámite de audiencia cuando el expediente vuelva al Consello de la Xunta, por su consideración de proyecto estratégico. La iniciativa está además pendiente de una aportación de 250 millones de fondos de la UE cuyo reparto depende del Ministerio de Industria.
Esos procesos vienen precedidos de la declaración de impacto ambiental, que fue aprobada en marzo con 32 informes elaborados por 42 técnicos de distintos departamentos de la Xunta.
Esos análisis no han acallado las críticas de distintos colectivos ecologistas y del BNG y el PSdeG, que se posicionaron contra la planta después de las autonómicas de febrero del 2024.
Los opositores a la planta consideran que supone un riesgo ecológico que podría afectar a su zona circundante y a la ría de Arousa. El Bloque la ha calificado de «bomba ambiental».
El PPdeG afirma que ambos grupos apoyaban la instalación. Alfonso Rueda mostró en el Parlamento una iniciativa parlamentaria del PSdeG de marzo del 2023 en la que pedía a la Xunta «poñer a disposición da empresa promotora da planta de fibras téxtiles en Palas de Rei o asesoramento técnico e económico para conseguir a financiación necesaria» y se detallaba que producirá «200.000 toneladas ao ano» de «pasta soluble de papel».