El canon eólico gravará la altura de los molinos para no perder recaudación

El programa de repotenciación de los parques eólicos que impulsa la Xunta, y que en ocho años permitirá retirar de los montes gallegos hasta 3.000 aerogeneradores con más de 25 años de vida, para sustituirlos por otros 600 con mucha más potencia, no solo va modificar el perfil de estas instalaciones reduciendo su impacto visual, sino que también le impone al Gobierno gallego la tarea de redefinir de inmediato el canon eólico para no sufrir un quebranto en la recaudación que obtiene en función del número de molinos, y que asciende a 23 millones de euros al año. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, puso de relieve que el futuro canon ya no dependerá del número de aparatos, «y en ningún caso va a gravar la potencia» de los aerogeneradores, sino su altura y tamaño, «que es lo que produce la afección ambiental», remarcó ayer, en el transcurso de un Café de Redacción organizado por La Voz de Galicia, en el que también participaron José Ramón Franco, presidente del Clúster de Energías Renovables de Galicia; y Jose María López, alcalde de Abadín, municipio que obtiene buena parte de sus ingresos de los más de 200 aerogeneradores que alberga.

Galicia fue, en el 2009, la primera comunidad autónoma en crear un canon eólico para retener parte de los beneficios de las eléctricas para las arcas públicas. La base imponible de este impuesto depende del número de aerogeneradores, de tal forma que los polígonos con entre cuatro y siete molinos tienen que abonar un canon de 2.300 euros al año por cada uno, mientras que los que tienen 16 o más liquidan 5.900 euros por aparato.

No obstante, el plan de repotenciación que fue concebido para «aumentar la potencia total con un menor impacto ambiental en el territorio», apuntó Lorenzana, reducirá en más del 75 % el número de aerogeneradores instalados y, por tanto, la recaudación. Para evitar esa merma, el Gobierno gallego indica en la ley de acompañamiento de los presupuestos que tramita en el Parlamento que se da un plazo de medio año para modificar el canon teniendo en cuenta las consecuencias de la repotenciación.

Se trata, insiste la conselleira de Economía, en «gravar la afección ambiental» de cada parque, teniendo en cuenta también las «afecciones visuales derivadas de su altura» para generar así la recaudación suficiente para tareas de conservación ambiental y para las compensaciones que reciben las comunidades locales en las que se instalan los parques.

«No se va a gravar más»

La modificación del canon no lleva aparejado en realidad un cambio legislativo, «porque la ley apunta ya que lo que se va a tener en cuenta es el número de molinos y la altura», precisó María Jesús Lorenzana. «No se va a gravar más —añadió—, sino que lo que se procura es que no haya ningún perjuicio económico para los vecinos» de las zonas que cargan más directamente con el impacto ambiental de ese tipo de instalaciones.

La responsable de Economía también aludió durante su intervención a la tramitación del nuevo plan eólico, en el que está trabajando la Xunta con el objetivo de que «una parte relevante de la producción energética» pueda ser suministrada a los consumidores y a las empresas gallegas «a precios competitivos», dijo. Su redacción licitará a lo largo del 2025, señaló Lorenzana, y a partir de ahí tendrá que superar la evaluación ambiental estratégica, pues también definirá las zonas de implantación industrial prioritaria.

«Preocupación» por que la repotenciación obligatoria pueda lastrar la actividad del sector

El programa de repotenciación obligatoria de los parques eólicos, que durante un período aproximado de ocho años permitirá retirar de los montes en torno a 3.000 aerogeneradores reemplazándolos por otros más potentes, es una tarea que va a contribuir «a generar actividad económica y desarrollo industrial en Galicia», señaló la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, en todo lo concerniente a las operaciones de construcción, montaje y componentes.

En cambio, el presidente del Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), José Ramón Franco, manifestó ante la conselleira la «preocupación» que existe en buena parte del sector empresarial que se ocupa del mantenimiento y supervisión de los parques eólicos de que el plan de repotenciación lastre su actividad. Admite Franco que la sustitución de molinos generará oportunidades para las firmas que se ocupan del movimiento de tierras, de la obra civil o de la fabricación de componentes para los aerogeneradores. Pero en su opinión, la retirada de cientos de molinos que aún pueden tener por delante vida útil, reducirá también las labores de las empresas de mantenimiento.

«Queremos pasar de la preocupación a la ocupación», recalcó José Ramón Franco, quien, con todo, se definió como un firme partidario de todas las iniciativas dirigidas a reducir el impacto ambiental de las actividades energéticas.

La responsable autonómica de Economía e Industria tomó nota de la inquietud expresada desde el Cluergal, pero dejó claro que «las máquinas que funcionan no van a dejar de hacerlo» hasta que se activen las del plan de repotenciación. Por tanto, seguirán requiriendo supervisión y mantenimiento. Argumentó, además, que el plazo para realizar la sustitución es suficientemente amplio, de ocho años, y escalonado, pues en la primera fase solo 25 de los 190 parques eólicos son los que están llamados a hacer la repotenciación al superar sus molinos los 25 años de vida útil. «Son medidas proporcionadas», insistió Lorenzana.

«Los eólicos nos permiten no cobrar la recogida de basuras ni el servicio de agua»

Desde su cargo en la alcaldía del municipio lucense de Abadín, que ocupa desde 1983, José María López fue un testigo de excepción de cómo Galicia se erigió en la comunidad pionera de España en el despliegue de la producción de energía eólica a finales de los años ochenta y durante toda la década de los noventa. Y conoce también de primera mano los beneficios que la instalación de aerogeneradores pueden dejar en las comunidades que soportan el impacto.

En Abadín están operativos 200 molinos en diferentes parques repartidos por cinco parroquias. Toca a un aparato por cada once habitantes, y eso genera una serie de rentas fijas de las que se beneficia todo el ayuntamiento. «Las compañías pagan un porcentaje por cada molinillo instalado y eso repercute en las comunidades de montes, que reciben entre 100.000 y 200.000 euros al año» que después distribuyen entre los vecinos para sufragar los gastos del gasoil agrícola o diferentes materiales para sus actividades, como las estacas de los vallados.

Tasas municipales

A lo anterior se añaden los beneficios que percibe directamente el Concello de Abadín por diferentes tasas, como la licencia de obra del parque eólico, la licencia de apertura o lo que recibe de la Xunta por la recaudación del canon eólico, en torno a 300.000 euros al año. «Los eólicos nos permiten no cobrar por la recogida de basura ni el servicio de suministro de agua», señaló José Ramón López, que también anota que las licencias de obras de construcción que puede solicitar cualquier vecino son gratuitas.

Otro proyecto que encara el Concello de Abadín con la financiación que le reportan los parques eólicos es la construcción de una residencia de mayores, dotada con 44 plazas. El nuevo equipamiento fue licitado recientemente por un importe de 2,35 millones de euros. La Xunta aporta 1,2 millones de euros, y el Concello corresponde con la cantidad restante. «Es evidente que sin tener los parques eólicos, y sin contar con los recursos que le generan al municipio a través de las tasas o del canon, en Abadín no tendríamos capacidad de contar con este servicio», esgrimió López.

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