Así queda el nuevo subsidio de desempleo tras la reforma: subirá 90 euros y llegará a más gente
ECONOMÍA
Se elimina el mes de carencia y también cubrirá a menores de 45 sin cargas
09 may 2024 . Actualizado a las 13:21 h.Negociando hasta el último segundo, después de que la negativa de Podemos en el Congreso el pasado diciembre obligara al Ministerio de Trabajo a discutir con los agentes sociales la reforma del subsidio de desempleo, el acuerdo finalmente vio la luz este miércoles. La ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, firmó con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y sin la patronal, el texto por el que las mejoras volverán a las Cortes para su aprobación, con el objetivo de que entren en vigor con carácter general en noviembre. En la práctica, los cambios supondrán elevar la prestación actual en 90 euros mensuales, ya que pasa de 480 euros (el 80 % del Iprem) a 570 (el 95 %) durante los primeros seis meses de los 30 que se puede cobrar como máximo.
No es la única novedad, ya que se suprime el mes de carencia para percibir la ayuda, que se cobrará desde el primer día y cuya cuantía tendrá carácter decreciente. Así, se eleva a 570 euros los primeros seis meses y el segundo semestre baja al 90 % del Iprem, equivalente a 540 euros (60 euros más que actualmente), para quedarse en los 480 euros al mes (los mismos que se perciben ahora) hasta agotar el plazo.
Además de elevar la cuantía, el nuevo subsidio amplía el colectivo de beneficiarios, ya que a los mayores de 52 años y a los menores de 45 con cargas familiares se sumarán aquellos que no las tengan, así como los trabajadores eventuales agrarios, los emigrantes retornados o las víctimas de violencia de género o sexual a partir de los 16 años.
Otra novedad de calado es que el cobro de la prestación asistencial —también la contributiva— se podrá compatibilizar con un empleo, incluso a jornada completa. Denominado complemento de apoyo al empleo, la ayuda permitirá que quienes lleven un año sin trabajar y firmen un contrato a tiempo completo por cuenta ajena puedan percibir hasta 480 euros al mes durante un máximo de seis meses. La cuantía se modula de forma decreciente en función de los meses que lleve el trabajador en paro —como recoge el gráfico superior—, de modo que entre 16 y 18 meses bajará a 360 euros (60 % del Iprem); entre 19 y 21 a 240 euros (40 % del Iprem) y entre 22 y 24 a 180 euros (el 30 %). El requisito impuesto es que el salario que se perciba no rebase los 1.350 euros brutos (225 % del Iprem). Además, la compatibilidad de la ayuda y el empleo consumirá derechos de percepción.
«No es ninguna paguita»
Tras la firma, la ministra dejó claro que esta reforma «no es ninguna paguita, sino un derecho» de los trabajadores y resumió el acuerdo en tres puntos: simplificar el acceso a los subsidios por desempleo para que la Administración pública sea «un puente y no un muro» para las personas que más lo necesitan; mejorar y ampliar la protección para que llegue a más colectivos y compatibilizar los subsidios y las prestaciones contributivas con el empleo para que «no sean un obstáculo para quienes deseen incorporarse al mercado laboral».
Respecto a este último aspecto, cabe destacar que la Inspección de Trabajo contará con mecanismos de control y seguimiento para evitar potenciales fraudes.
Los líderes sindicales se mostraron «muy satisfechos» con el acuerdo alcanzado, que calificaron de «importantísimo» para los trabajadores. Mientras que Álvarez destacó que lo fundamental «no son los subsidios», sino que son medidas temporales para ayudar a los trabajadores en paro a encontrar un empleo, Sordo subrayó que el acuerdo mejoraba las condiciones de acceso al subsidio de «muchísimas personas». En ese sentido, recordó que hasta ahora se aplicaban simultáneamente un requisito de ingresos de la persona y de la unidad familiar, mientras que ahora únicamente será preciso cumplir uno de ellos. También insistió en que las medidas de protección social son precisas para los colectivos vulnerables mientras se avanza hacia el objetivo último, que es el pleno empleo.
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Los sindicatos reclaman reemplazar el Iprem por el umbral de la pobreza
Los sindicatos llevan meses insistiendo en sus reuniones con el Ejecutivo en que el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) se ha quedado obsoleto para su función de fijar asuntos tan importantes como el ingreso mínimo vital (IMV), las pensiones no contributivas o los subsidios por desempleo.
CC.OO. y UGT defienden reemplazar el Iprem por el llamado umbral de riesgo de pobreza. No es una cuestión menor, ya que en la práctica supondría elevar en un 20 % la cuantía de las ayudas que se fijan como un porcentaje del mismo, ya que mientras que el Iprem está actualmente en 8.400 euros anuales, el umbral de riesgo de pobreza rebasa los 10.000, concretamente está en 10.088 euros.
La CEOE se descuelga del acuerdo, aunque no tiene coste para la empresa
Como ha ocurrido en los últimos acuerdos del diálogo social, las patronales CEOE y Cepyme se descolgaron del acuerdo tripartito sobre los subsidios de desempleo, y ello pese a que no tienen coste alguno para las empresas. En un comunicado remitido este miércoles, la patronal explicó su decisión de no firmar el acuerdo argumentando que no se había producido una «verdadera negociación» en el seno del diálogo social, sino «simplemente un proceso de consulta».
Sin coste estimado
Además, consideran que el tiempo y la forma lo convierten en un instrumento netamente político del ministerio, dada la inminencia de las elecciones en Cataluña, que se celebrarán el próximo domingo.
«Habíamos transmitido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo que no participaríamos en un acto público de estas características», afirma la patronal en su comunicado, en el que también lamenta que la propuesta no estuviese acompañada de una memoria económica, «algo de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y dado el impacto económico que tienen las medidas».
Estrategia electoral
«Parece que la premura para realizar esta firma [día y medio después de presentar la propuesta] responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real», deslizan las organizaciones empresariales que, en todo caso, han reiterado su apuesta por el diálogo social.
La ministra de Trabajo, por su parte, pese a ser preguntada por el coste económico de los cambios pactados con los sindicatos, no dio cifras. Sí insistió en que está «muy orgullosa» de la reforma, porque permitirá vivir «un poquito mejor» a los beneficiarios de estas prestaciones (casi un millón actualmente).
Igual que los empresarios, Yolanda Díaz alabó el diálogo social y agradeció las aportaciones realizadas por CEOE y Cepyme durante el proceso de negociación de los cambios en el subsidio, aunque finalmente no quisieran sumarse al acuerdo a tres bandas.
La Inspección de Trabajo controlará cómo se compatibiliza la ayuda con un nuevo empleo
La Inspección de Trabajo colaborará con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para realizar campañas de control con el objetivo de prevenir un fraude en la compatibilidad de las prestaciones y subsidios por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, una posibilidad que se abrirá tras la reforma y en la que se quiere evitar la picaresca.
En concreto, el acuerdo firmado con los sindicatos establece que ambos organismos dependientes del Ministerio de Trabajo firmarán un convenio de colaboración para «determinar los supuestos de compatibilidad de prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de las actuaciones inspectoras para el control del fraude en la obtención y disfrute de prestaciones por desempleo».
Se elimina la parcialidad
Otro aspecto relevante de la reforma es que los parados cuyo último empleo fuese a tiempo parcial podrán cobrar el importe íntegro del subsidio. Se revierte así uno de los cambios introducidos por el Gobierno del PP, que estableció que la cuantía de la ayuda debía ser proporcional al porcentaje de jornada desarrollada por el desempleado en su último trabajo. Un cambio legal que, como reivindicó la ministra, favorecerá más a las mujeres, que son las más afectadas por la parcialidad, reduciendo la brecha de género.
Díaz destaca que el 80 % de los beneficiarios, 41.300 en Galicia, no llegan a agotar el subsidio
La vicepresidenta segunda destacó ayer, para defender la ampliación de coberturas del subsidio y la relajación de los requisitos de acceso, que la ayuda a los parados que han agotado su prestación contributiva no es una paguita de la que los desempleados echen mano para evitar buscar otro empleo, sino una ayuda de último recurso, generalmente para personas que por su perfil tienen difícil recolocarse en el mercado laboral.
Un argumento que defendió con un dato: el 80 % de las personas que reciben este subsidio no llegan a agotarlo, sino que se jubilan o vuelven al mercado de trabajo antes de que concluya el plazo máximo de percepción.
Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que los mayores de 52 años tienen derecho a cobrarlo hasta que llegan a la edad de jubilación ordinaria (desde la reforma del 2019 ya no se les obliga a acogerse al retiro anticipado).
Según los datos del SEPE, en España había en marzo, último mes del que hay datos, 753.992 perceptores de este subsidio por desempleo (frente a los 807.010 que cobran la prestación contributiva). En Galicia, reciben esta ayuda de último recurso 41.295 desempleados. De estos beneficiarios, la mayoría son mujeres (22.758) y mayores de 50 años (26.072).
Los autónomos critican que el colectivo siga sin derecho a cobrar esta prestación social
Los autónomos se quejan de que la reforma haya dejado fuera a su colectivo, negándoles nuevamente el derecho a cobrar el subsidio por desempleo. Así lo denunció la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que hace unas semanas inició una campaña que, bajo el lema de «Mismo trabajo, iguales derechos», reclamaba la inclusión de los 3,3 millones de autónomos, vinculando la prestación al artículo 41 de la Constitución, que garantiza «la asistencia y prestaciones suficientes en caso de necesidad, especialmente en casos de desempleo».
La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, afeó en un comunicado que los autónomos se encuentran «absolutamente desprotegidos», y destacó el «injustificado trato desigual que supone dar la espalda a cientos de miles de autónomos que también son trabajadores», como los asalariados.
A través de la campaña iniciada, la organización ha recogido ya 5.300 firmas y lamenta que el ministerio las haya ignorado. En cualquier caso, Landaburu anunció que la campaña prosigue y que seguirán «trabajando y reclamando que los más de 3,3 millones de autónomos de nuestro país puedan tener pleno acceso a los subsidios».