Una trabajadora del SAF de Carral: «Cuando estaba de baja por un ictus, me pusieron detectives y me despidieron»
A CORUÑA
María ha demandado a la empresa por despido nulo. Durante varios días también tuvo el cobro del paro bloqueado
16 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El triste suceso de O Porriño ha puesto el foco en la penosa situación que viven las trabajadoras de Axuda no Fogar (SAF). Además de los riesgos y amenazas a los que se han de enfrentar en algunas de las viviendas que atienden, no son pocos los conflictos entre las empleadas y las propias firmas contratadas por los ayuntamientos. Durante los últimos días ha aflorado en Arteixo con la compañía Osventos, donde los sindicatos piden más medios para poder ofrecer un trabajo en condiciones, al tiempo que los usuarios se quejan del servicio.
El caso de María, nombre ficticio, es algo diferente. Ella trabaja en el SAF de Carral y acaba de demandar a la empresa, Azvase, radicada en Asturias, y que opera en esta localidad coruñesa desde principios de año. La mujer ha sido despedida cuando se recuperaba de un ictus. Durante los últimos meses, la empresa la vigiló durante tres días con dos detectives y le enviaron un informe donde le recriminaban que, estando de baja, hacía actividades «perfectamente compatibles» con su trabajo.
«El 23 de mayo del 2023 sufrí un infarto cerebral. Cuando entró la nueva empresa, se subrogó toda la plantilla, incluida a mí, yo estaba cobrando por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Todo iba bien hasta que el 26 de mayo recibí un burofax», explica María. En el documento se le desvelaba que había sido observada el mes anterior donde se descubrió, entre otros aspectos, que María podía «permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales o portar bolsas de tamaño generoso». También se le recriminaba que tenía habilidad para subir y bajar del autobús, conducir su coche, relacionarse socialmente con amigas o conocidas «sin evidenciar limitación alguna y con total normalidad».
«Acompañó a su hija al bus»
El informe le detalla situaciones más concretas, con horarios y lugares exactos, como cuando acompañó a su hija a la parada del bus escolar. Añaden que fue vista sentada en un parque público, «en un banco de madera y hierro», durante una hora. También le relatan el horario exacto al que acudió a la Oficina de Empleo de Monelos a donde se desplaza en autobús. Los responsables de la empresa concluyen en el informe que todas esas actividades «son compatibles con el desempeño de su puesto en la oficina», e incluso le recuerdan que en su lugar de trabajo dispone de asientos más cómodos que los bancos del parque o las marquesinas de autobús. La acusan de «deslealtad, transgresión de la buena fe contractual y de fraude».
María tuvo cinco días para apelar a toda esa carga de acusaciones. Además de considerar una «intromisión ilegítima» en su intimidad, recordó a la empresa que había sufrido un infarto cerebral «y que me encuentro en un proceso de recuperación bajo supervisión médica». «La propia empresa reconoce que no me ha visto trabajando, sino realizando actos de vida ordinaria, compatibles con mi tratamiento médico», les expuso.
Errores de los vigilantes
«Yo ya los había visto grabando en mi casa y en la parada del bus», explica María a La Voz. «También me dijeron que había ido a casa de una amiga en mi coche a pasar la tarde, cuando el que había ido era mi hijo para estar con el hijo de mi amiga, se confundieron». «Yo he perdido fuerza, visión, y ahora con todo esto sufro mucha ansiedad», explica la mujer, separada y madre de dos hijos a los que cría sin ningún tipo de ayuda.
El 6 de junio pasado le llegó otro burofax, esta vez para confirmar el despido. Entonces puso el caso en manos de un abogado y acudió al INSS, donde se extrañaron del cese. «Me dijeron que la empresa me había dado de alta en la Seguridad Social el 6 de junio y ese día me despiden, cuando yo aún esperaba la valoración de los médicos del INSS», señala María. Acudió a Inspección donde le hicieron un «alta indebida» para poder seguir cobrando de la Administración.
Un mes después, el 7 de julio, recibió el alta médica. Un informe del INSS le comunicaba que ya se podía incorporar al trabajo. El abogado presentó entonces una demanda para ir a juicio por despido nulo, mientras María acudía al Servicio Público de Empleo Estatal para solicitar el paro.
Pero aquí se encontró con otro problema. «Necesitaba el certificado de empresa, que no me entregaron, ni tampoco la liquidación». Así que María se encontraba en la calle y sin poder cobrar el subsidio, algo que finalmente solucionó la Seguridad Social en los últimos días.
«Hablé con el alcalde de Carral y me dijo que todo esto era muy raro», señala. Pero consultado por La Voz, la Administración local se aparta a un lado: «Trátase dun conflito laboral entre unha traballadora e unha empresa privada na que está contratada, polo que o Concello non ten capacidade para actuar». María también escribió a la Valedora do Pobo, ante su desesperada situación, que pone fin así a un trabajo en el que comenzó en el 2019.
Este periódico consiguió contactar con Azvase para conocer su versión del conflicto. El 1 de agosto, desde la compañía señalaron que responderían en unos días, pero el periódico no obtuvo respuesta.