La Fiscalía pide que sea condenado a 4 años y pague 7,6 millones a Hacienda
01 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Un empresario ocupará la próxima semana el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por un delito de insolvencia punible. La Fiscalía pide que sea condenado a 4 años y abone a la Agencia Tributaria 7,6 millones de euros.
Según la acusación pública, el acusado fue el administrador único de la mercantil Solventea Innovation SL, «la cual carecía de estructura organizativa propia y diferenciada de la gestión que el encausado efectuaba personalmente en su nombre».
Dicha sociedad, con domicilio en el parque empresarial de Alvedro (Culleredo), fue declarada en concurso necesario el 26 de diciembre del 2016. Destaca el fiscal que Solventea Innovation fue concesionaria de una ayuda pública el 26 de octubre del 2011 mediante el otorgamiento de un préstamo reintegrable de cinco millones de euros para la financiación de un proyecto de ingeniería, «préstamo que fue resuelto en el 2016 por incumplimiento total de las condiciones, pues no se reintegró más que una pequeña parte de los intereses y no se realizó actividad alguna para la que fue concedida».
Esta sociedad estaba vinculada, a través del encausado y de otras personas físicas, con otras sociedades integradas «en una presunta trama creada para optar a ayudas públicas y apropiarse de sus fondos y, por el camino, obtener cuantiosas devoluciones de IVA, todo ello amparado en documentos falsos emitidos por sociedades del mismo grupo».
Solventea Innovation SL, añade la acusación pública, «cesó en su actividad y dejó de atender a sus pagos desde al menos el ejercicio del 2014, fecha en la que presentaba unos ingresos muy inferiores a sus gastos de personal y a sus deudas tanto a corto como a largo plazo». Pese a ello, el procesado «omitió sus más elementales obligaciones de control administrativo y contable desde al menos el 2015. Con todo ello hizo imposible que sus acreedores pudiesen conocer su situación económica».
Los créditos insatisfechos por la sociedad a la Agencia Tributaria ascienden a la cantidad de 7.6 millones de euros. Los insatisfechos a la Seguridad Social fueron 336.143.
Los hechos narrados, sostiene la Fiscalía, son constitutivos de un delito de insolvencia punible agravado por la cuantía y la titularidad pública de los créditos, por lo que «procede imponer la pena de cuatro años de prisión y 20 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.