Comienzan hoy las clases. Miles de estudiantes de la Costa da Morte acudirán a las aulas. Aprenderán, comerán, jugarán y volverán a sus casas. Precisamente para eso todos pagamos impuestos. Cuando el gasto se hace en colegios, institutos o centros de salud y hospitales, el IRPF apenas duele, por mayor que sea el importe.
Si las cosas van por la vía normal, esas actividades son relativamente asumibles. El problema son los renglones torcidos, los que no se adaptan a lo habitual y van quedando descolgados como los flecos de un chal. Cada vez son más, dicen en los centros educativos, pero los recursos para atenderlos parecen menguar a la misma velocidad. Es posible que los padres o los docentes exijan más, pero eso es perfectamente entendible. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos?
¿Qué ocurre cuando lo que se demanda es lo mínimo y ni eso se consigue? ¿Qué pasa con los niños que tienen dificultades y no pueden ser atendidos? ¿Y con los que ni siquiera pueden ir al colegio porque su salud no se lo permite? ¿Pueden ser niños también? ¿Tienen los mismos derechos que los demás?
Los impuestos están para estas cosas y si no llegan, hay que redistribuirlos teniendo en cuenta que la salud y la educación deben ser lo primero. Nada hay más importante que eso y hay todavía pequeños que no tienen ni lo uno ni lo otro. La ciencia llega donde puede, es cierto, y no tiene respuestas para todo, pero la enseñanza tiene que ir a todas partes para que no haya ciudadanos de segunda, abandonados por su propia condición, lo que puede ser inevitable, y por la Administración, lo que es evitable.