Medio Rural cierra filas con Agricultura para evitar el fuerte tijeretazo a la PAC

La de Bruselas es la primera batalla de Galicia. La segunda, pelear en Madrid por un reparto de fondos favorable

Hace unos días el ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoció que iba a ser «difícil» mantener los fondos destinados a cultivar la PAC. Dado que él es un buen conocedor del funcionamiento de las cloacas de Bruselas, todo apuntaba ya entonces a que la batalla iba a ser dura. Desde Galicia, tanto las organizaciones agrarias como la consellería de Medio Rural comenzaron a prepararse para batirse el cobre por una causa determinante para el futuro del campo gallego, pero la propuesta lanzada este viernes por la Presidencia de la UE augura una batalla mucho más dura de la esperada. Para Galicia tampoco será la única.

No cabe duda de que un recorte del 13,9 % de los fondos PAC supondría un indiscutible mazazo para los agricultores y ganaderos, sobre todo porque la partida destinada a desarrollo rural (segundo pilar) sufriría una rebaja del 25,1 %, mientras que la destinada al primer pilar o ayudas directas mermaría un 10,1 %. Para hacerse una idea de lo que implicaría, basta con recordar que la comunidad recibió en el período 2014-2020, un total de 913,6 millones de euros para promover el desarrollo rural, fundamental para frenar el declive poblacional o la incorporación de jóvenes al campo. Paralelamente, el montante global de los «cheques» para regar con ayudas directas a los ganaderos gallegos fue de 160 millones.

No es de extrañar la «preocupación» mostrada por la Consellería de Medio Rural ante el, por ahora, hipotético recorte. De momento, la negociación está abierta en Bruselas. Por eso, en esta primera batalla que ha de librar Galicia desde la retaguardia (son los estados los que discuten el reparto de fondos en el seno comunitario) desde la Xunta apelan a la «cautela» antes de «hablar de pérdida de fondos». Desde Medio Rural apelan a la «lealtad institucional» cerrando filas con el Ministerio de Agricultura para defender el interés de los agricultores y ganaderos: «Consideramos que es el momento de que el Ministerio de Agricultura se haga fuerte en Europa y la Xunta lo apoyará con argumentos sólidos, firmes y claros en la defensa de nuestros ganaderos, agricultores y silvicultores», dicen desde ese departamento de la Xunta. Para el Gobierno gallego es fundamental mantener una postura de «unidad» para, al más puro estilo francés, «visibilizar» España y Galicia como «una auténtica potencia agraria».

Lo que está claro es que, aunque de momento esta es solo una propuesta de máximos, Galicia ha de estar preparada. «A proposta de baixada do presuposto da PAC resulta incompatible coa suba de costes do campo. Sobre todo nun momento no que o sector ten que soportar as consecuencias do acordo con Mercosur, o veto ruso a determinados productos agrarios, os aranceis de Trump ou o brexit», comenta el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García. Pero además hace otra advertencia para que el Consejo reflexione: «O custes que vai supor aos gandeiros a implementación de políticas de coidado do medio ambiente ou benestar animal, algo que ninguén discute, ou as paga Bruselas ou o consumidor porque o productor xa non pode con máis». De hecho, ese es también uno de los asuntos que sobrevuelan las protestas protagonizadas por los agricultores de distintos puntos de España durante los últimos días.

Pero Bruselas no es el único campo de batalla en el que ha de mostrar su fuerza el campo gallego. Una vez conocido el presupuesto de la política agraria común y cómo será el reparto por países, la segunda será ver cómo articula España su Plan Estratégico Nacional para la futura Política Agrícola Común (PAC) para el período 2021-2027, un documento que está elaborando en colaboración con las comunidades autónomas.

Tres de cada cuatro granjas lácteas no entran en pérdidas gracias a la inyección de dinero de Europa Ahí es donde el Gobierno central ha de aunar los intereses de comunidades con un sector primario tan dispar como el de Andalucía o Galicia. Para los ganaderos gallegos, la PAC es fundamental. Tres de cada cuatro granjas lácteas no entran en pérdidas gracias a la inyección de dinero de Europa. Además, como apuntan tanto desde Medio Rural como desde las organizaciones agrarias como Unións Agrarias, en el reparto deberá tener en cuenta las particularidades del territorio y de las granjas de la comunidad, algunas de las que están enclavadas en zonas de complicado acceso como las áreas de montaña.

El Gobierno central debe, además, preparar su estrategia para enfrentar el escenario en el que se jugará la nueva política agraria común, que nada tiene que ver con la que se ha desarrollado hasta ahora. La manga ancha se ha acabado en Bruselas, un hecho que arrastrará con él muchas de las triquiñuelas que se han ido enquistando a los largo de los años para acceder a un mayor trozo del pastel europeo. Uno de los muros que pretende derribar, coincidiendo con la viejas demanda de organizaciones agrarias, es el levantado por los conocidos como agricultores de sofá. Son aquellos que reciben subvenciones porque tienen propiedades o derechos de explotación, pero no viven del campo. La norma actual permite que aquellos que demuestren que su renta procede en al menos un 20 % de la actividad en el campo puedan optar a las bonificaciones. La última propuesta es que ese índice suba hasta el 25 %.

Los nueve objetivos de la PAC

Más allá de todo esto, lo que está claro es que la lluvia de millones que distribuye cada año la PAC _solo 32.000 ganaderos y agricultores gallegos se reparten unos 160 millones de euros_ dejará de ser un aguacero indiscriminado de dinero para caer únicamente sobre aquellas explotaciones que cumplan con los objetivos fijados por la Comisión. La propuesta de reforma presentada hace poco más de un año hablaba de nueve: aumentar la competitividad, acción contra el cambio climático, cuidado medioambiental, preservación de la biodiversidad, garantizar el relevo generacional, revitalizar áreas rurales, proteger la calidad de la comida, garantizar ingresos justos para el agricultor y reequilibrar la cadena de suministro alimentario. 

Además, ahora que el agujero que dejan los británicos en las cuentas ha obligado a los Veintisiete a buscar fórmulas para reequilibrar su presupuesto, el cheque europeo para agricultura ha de repartirse mejor. Entre las distintas propuestas del Gobierno gallego destaca, por ejemplo, el tope máximo de 60.000 euros por explotación, «para beneficiar ás pequenas explotacións» o que las ayudas directas se destinen a los agricultores genuinos, «sen excluír totalmente a aqueles que se dedican á actividade agraria de forma parcial».

En esa línea parece ir la política del Ejecutivo central. Al parecer Sánchez, dentro de la potestad que tendrán los estados miembros para repartir las ayudas, pretende redirigir las ayudas para aquellas explotaciones que precisen realmente un empujón para mejorar y no continuar dando apoyos a aquellas que ya puedan reinvertir sus propios beneficios en la mejora.

La nueva PAC, pendiente de aprobación del presupuesto para el período 2020/2027, ya incorpora un techo de 100.000 euros por explotación. Entre las propuestas que se barajan está la de que a partir de los 60.000 euros las cuantías se vayan reduciendo en un 25 % hasta los 75.000; un 50 % hasta los 90.000 y un 75 % hasta el cupo máximo. En Galicia, el impacto será escaso porque los beneficiarios que superan el tramo de 60.000 euros apenas llega al 1 %.

Una paradoja

Lo que resulta paradójico es que, mientras uno de los objetivos de la UE es el fomento del relevo generacional, solo un 2 % de los pagos directos tienen que ir obligatoriamente destinados a menores de 40 años.

Más allá de cómo repartir esos fondos, en España se ha abierto otro debate en torno a qué cartera ministerial será la encargada de repartirlos o gestionarlos. Tanto las organizaciones agrarias como los consejeros de agricultura de las diferentes comunidades defienden con contundencia que sea el Ministerio de Agricultura el que pilote su gestión. José González fue categórico en este asunto. Esta semana tras la reunión con Planas en Madrid reivindicó el importante papel de los agricultores y ganaderos en el cuidado del medio ambiente: «Os agricultores, gandeiros e silvicultores son os principais protagonistas do camiño cara a sustentabilidade no que está o campo». Sea como fuere e independientemente de qué cartera gestione el dinero de la PAC, España tiene que cumplir con los objetivos marcados por Bruselas. De no hacerlo, los fondos podrían quedar congelados. La manga ancha ya no existe en Bruselas. 

Hasta el próximo 30 de abril, los agricultores podrán solicitar las ayudas

Un total de 24.600 profesionales del campo gallego podrán beneficiarse este año de cerca de 210 millones de euros de las ayudas de la PAC, según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural. El plazo de solicitud está abierto desde el pasado día 3 y los interesados disponen hasta el próximo 30 de abril para cumplimentar todos los trámites. Estos pagos podrán comenzar a abonarse en forma de anticipos a partir del 16 de octubre, y de saldo a partir del 1 de diciembre.

Existen tres tipos de ayudas a las que pueden acogerse los profesionales del campo. Las primeras son las de regímenes de ayuda comunitarios, que incluyen el pago básico a los agricultores, el pago verde, el complementario para los jóvenes que empiezan la actividad agrícola y el régimen específico para pequeños agricultores.

Las segundas son las de regímenes específicos por superficie, mientras que las terceras se refieren a los regímenes de ayuda asociada voluntaria. Es en estas últimas donde se incluyen las subvenciones asociadas a varios tipos de cultivos, a explotaciones que mantengan vacas nodrizas y para las de vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.

Desde Agricultura, que coordina el proceso, insisten en la importancia de la correcta cumplimentación de la solicitud única, que permite al productor pedir todas las ayudas de una sola vez. Al igual que en campañas anteriores, estas peticiones deben dirigirse a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de la superficie de la misma.

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M. Mora / C. Porteiro

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Pintan bastos para el campo. Y los agricultores elevan la presión en busca de medidas que les permitan seguir viviendo de sus tierras. Claman por unos precios justos y ayer volvieron a hacerse oír en las calles. Valencia, Lérida o Córdoba fueron solo algunas de las localidades españolas en las que los trabajadores del campo protagonizaron multitudinarias protestas. Todo ello el mismo día en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos mantenían una reunión, a la que también asistió el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y rodeada de polémica por la ausencia de las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), invitadas en principio pero desconvocadas por sorpresa a última hora del jueves cuando ya sus representantes se habían desplazado hasta Madrid para asistir al encuentro. Tal fue el malestar generado que Díaz se vio obligada a rectificar, convocándolas ahora para el próximo martes.

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