Los transportistas volverán a las vías convencionales por los peajes de la AP-9

El sector augura más retenciones y tráfico pesado por su «fuga» de la autopista


vigo / la voz

El sector del transporte gallego ha echado números con la subida de los peajes que les viene encima el 1 de enero en la autopista AP-9 y la conclusión es: «Llegar al umbral de los 100 euros por hacer todo el recorrido de ida y vuelta nos resulta insostenible». Antonio Señarís, presidente de la Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia, y Alberto Vila, coordinador general de la Federación Gallega de Transportes, calculan que el incremento de tarifas les supondrá tener que pagar al año unos mil euros más en peajes. «El camión que haga a diario la ruta entre Ferrol y Matosinhos, además de lo que tenga que pagar en Portugal tendrá que afrontar en la AP-9 el coste de 1.920 euros en peajes cada veinte días, casi tanto como en gasoil, y eso no es razonable», señala Vila.

Ambos representantes auguran la vuelta a gran escala de los camiones a las carreteras convencionales para evitar los crecientes peajes del principal vial gallego que dentro de 17 días experimentará un encarecimiento en sus tarifas del 3,47 %, el doble que la media estatal del sector. «Donde se pueda escapar de la autopista, lo haremos -asegura el coordinador general-, porque no nos quedará otra que recortar las subidas de peajes evitando la autopista», precisa Señarís.

Tomando el trazado de la AP-9, los transportistas auguran que la A-55 entre Tui y Puxeiros (Vigo) será utilizada por los escasos camiones que usan ahora ese tramo paralelo a la autopista, incrementando así aún más el tráfico en la que es la autovía más peligrosa de España. Desde el alto que divide Vigo y Mos hasta pasado el puente de Rande, la autopista es gratuita, por lo que intuyen que los camiones retornarán en esa zona al vial para salvar la ría viguesa y salir de nuevo en O Morrazo para seguir hasta Pontevedra por las cada vez más transitadas N-554 en Vilaboa y N-550 hasta la capital pontevedresa. En esa yincana por la AP-9 los representantes de los transportistas marcan como utilizable la circunvalación gratuita de Pontevedra, para abandonarla de nuevo en Caldas de Reis, volverla a tomar en las inmediaciones de Santiago para salvar núcleos como Padrón y Milladoiro y aprovechar parte de su trazado libre de peajes. La N-550 se vuelve a antojar la ruta natural para los camiones hasta Sigüeiro, donde la AP-9 se considera útil para evitar un cruce habitual generador de atascos, y seguir hasta Ordes, optando ya en el final del trazado en el área de A Coruña por la N-550 otra vez, la 651 o la A-6 dependiendo del lugar de destino o de partida.

«No nos quedará otra que perder algo más de media hora en esas entradas y salidas para evitar costes a mayores», lamenta Vila, que pide la creación de un plan de peajes en Galicia para el sector del transporte. El planteamiento de partida sería el de contar con bonificaciones en los peajes de hasta el 50 % para todas las autopistas y del 100 % en las áreas de A Coruña y Vigo.

«Estas subidas en los peajes nos harán menos competitivas a las empresas gallegas y van a ser una patada a la producción y a la riqueza de Galicia», afirma Señarís, que contrapone la próxima bajada del 30 % en las tarifas de las autopistas quebradas o la liberalización ya realizada en la AP-1 castellana y las venideras de la AP-4 andaluza y la AP-7 mediterránea.

Mientras el sector del transporte gallego sigue dándole vueltas a la conveniencia de llevar a cabo una protesta, representantes empresariales como el presidente de la confederación pontevedresa, Jorge Cebreiros, consideran que «ha llegado el momento de contestar a un agravio» como el que estima que con dinero público se produce con el rescate de autopistas quebradas, que ahora verán rebajadas sus tarifas mientras suben más que la media las de la AP-9. «Ese rescate no ocurre en ninguna otra iniciativa empresarial», se queja para denunciar un doble rasero en favor de las concesionarias.

Cebreiros advierte que Galicia no se podrá permitir una subida todos los años como la que entrará en vigor el día 1 de enero. «Cada vez seremos menos competitivos», concluye, mientras muestra su escasa esperanza en que Audasa acceda a renunciar a alguno de los derechos otorgados por los sucesivos Gobiernos.

Los autónomos reivindican en Galicia el mismo trato que en el resto de España a la hora de afrontar gastos en su actividad. «Todo incremento de costes nos hará menos competitivos», coincide Álvaro Viqueira, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia. «Nos traerán problemas estos sobrecostes, porque habrá gente que los pueda repercutir en sus servicios, pero otros muchos no», avanza.

La Justicia acepta investigar la acusación de la Fiscalía contra Audasa por cobro «abusivo» en Rande durante sus obras

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra estima que tienen sentido, y por eso las admite a trámite, las acusaciones que en forma de demanda colectiva presentó la Fiscalía contra Audasa por cobrar íntegros sus peajes durante la realización de las obras de ampliación del puente de Rande, pese a las limitaciones que supusieron para el tráfico.

El tribunal atiende el razonamiento del Ministerio Fiscal al considerar «abusivo» que entre el 2015 y el 2018 se mantuviera invariado el cobro de las tarifas de peaje en el tramo en el que se incluye el puente, «como si la vía estuviese en perfectas condiciones, e incluso aplicando las subidas de las tarifas», cuando la acusación pública señala que los trabajos afectaron de «forma relevante y constante a la fluidez del tráfico en la autopista». Añade la toma en consideración de la demanda que durante las obras los usuarios, a pesar de pagar el peaje como siempre, vieron reducido el número de los carriles útiles y se limitó la velocidad de paso por el puente, lo que junto a las obras, añade, «provocó constantes retenciones y retrasos para los usuarios, además de disminuir las condiciones de seguridad de la vía».

El mantenimiento del tráfico durante la realización de la ampliación del puente fue una de las exigencias planteadas por Audasa a las constructoras que optaron al concurso para llevar a cabo el proyecto. Esa situación fue valorada especialmente por el sector de construcción e ingeniería, además de por haberse tratado de la primera ampliación de un puente atirantado en todo el mundo.

Sin embargo, lo que la Fiscalía denuncia y el tribunal estima como inicialmente razonable, es que se mantuviera el precio de los peajes como si no hubiera limitaciones, lo que incluso es calificado de «abuso», vulneración de los derechos de los usuarios y merecedor de la restitución del dinero cobrado e incluso objeto de una posible indemnización a los afectados.

El juzgado pontevedrés anuncia que hará un llamamiento público a todos los usuarios que pudieran haber sido perjudicados para que se sumen a un único procedimiento y juicio ordinario, aportando su propio procurador y abogado. Mientras se personan, el proceso quedará suspendido durante dos meses.

La ampliación fue inaugurada el 30 de diciembre del 2017, pero las obras han continuado hasta el pasado noviembre.

Xunta y oposición urgen el traspaso de la autopista a Galicia y En Marea y BNG, su rescate

Tras el primer paso dado el martes por el Congreso de los Diputados para iniciar el traspaso de las competencias de la AP-9 a Galicia, tanto el Gobierno autonómico como su oposición coincidieron ayer, no sin matices, en urgir una tramitación ágil de dicha transferencia. Como adelantó La Voz, tanto la diputada Alexandra Fernández, de En Marea, como los integrantes de Bildu presentaron una petición de lectura única y tramitación directa de la proposición de ley admitida, lo que podría llegar a reducir los plazos incluso a un mínimo de dos meses. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE ya han advertido que la transferencia resultará compleja, por lo que las posibilidades de una tramitación exprés son bajas, e incluso puede ocurrir que decaiga todo el proceso desde el inicio si se convocan antes del traspaso elecciones generales anticipadas. Para evitar esa amenaza, Ana Pontón, portavoz del BNG, la formación autora de la proposición de traspaso de la AP-9, instó ayer a utilizar «a vía de urxencia no Congreso» ante la incertidumbre de no saber cuál será la duración de la legislatura.

Negociación con el Gobierno

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que una vez que se apruebe la transferencia en el Congreso, el Ejecutivo gallego «intentará acelerar ao máximo os prazos que dependan das negociacións co Estado a través da Comisión Mixta de Transferencias», que pedirán «inmediatamente». Su compañero de partido Pedro Puy, portavoz popular en el Parlamento, instó incluso a iniciar ya las conversaciones en la comisión mixta para ahorrar tiempo. El PP demanda mientras a Fomento que aplique un plan que reduzca el impacto de las nuevas subidas en los peajes de la AP-9 y los minore también en la AP-53 con tarifas horarias, como las que va a aplicar la Xunta en las autopistas autonómicas.

La importancia de que la transferencia se enfoque correctamente y se convoque la comisión mixta de negociación Xunta-Gobierno central fue ayer subrayada por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, en un encuentro con la ministra Meritxell Batet, después de que el socialista Leiceaga demandase «respectar os ritmos e procedementos do Congreso». En Marea y el BNG reiteran su postura a favor de que el traspaso contemple la posibilidad del rescate de la concesión y su gratuidad.

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