García Ortiz se quita la toga y niega haber filtrado los correos del abogado del novio de Ayuso

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Europa Press TV

El fiscal general del Estado rechaza contestar a las acusaciones y desmiente que admitiera ante la fiscala Almudena Lastra que fuera él quien reveló los secretos que fueron luego publicados en los medios

13 nov 2025 . Actualizado a las 08:32 h.

Después de seis jornadas de juicio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se quitó la toga y se sentó por primera vez en el banquillo donde declaran los acusados. «No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones», anunció de entrada, tal y como hizo en la fase de instrucción, y acusó a González Amador de ejercer una acusación «desleal». Reiteró que no filtró el correo del abogado del novio de Ayuso en el que este admitía la comisión de dos delitos fiscales. «Lo que hicimos fue colocar los correos después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública», indicó.

Su estrategia, y la de la Abogacía del Estado que le representa y de la Fiscalía, fue la desacreditar por ser «nula de pleno derecho» la diligencia de los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 30 de octubre del 2024 en el despacho de García Ortiz y en el de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sus resultados.

A preguntas de su defensa, negó conocer a varios de los periodistas que han declarado durante el juicio ni a los políticos que han prestado testimonio. «Los veía por primera vez en esta sala», ha asegurado.

Respecto al conocimiento que tuvo de la denuncia contra González Amador el 7 de marzo, cinco días antes de la publicación en ElDiario.es, aseguró que él no dio ninguna orden porque «el asunto está bajo auspicio de la Fiscalía Provincial de Madrid». Insistió en que entre el 7 y el 11 de marzo de 2024 no recibió información sobre las negociaciones abiertas para un pacto de conformidad entre la Fiscalía y González Amador. Y que fue el 13 de marzo a las 8.50 cuando le llamó la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado en relación al «bulo» que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Ayuso, asegurando que era la Fiscalía la que proponía el pacto.

El día 12 de marzo se enteró por la publicación en ElDiario.es de lo que consideró «una cuestión muy relevante y que afecta a una persona con notoriedad pública», en referencia a Ayuso.

Afirmó que hay un hecho «particularmente importante», que es que Ayuso hizo unas declaraciones en las que denunciaba «una persecución de las fuerzas del Estado contra su pareja». «Debería haber sido informado», sostuvo, en una crítica a la fiscala general de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, por no haber informado de los contactos de González Amador con el fiscal del caso, Julián Salto.

«Hay detonantes que provocan una reacción y se trasladan a la portada de un digital o un medio de papel», sostuvo sobre la reacción a la noticia falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez. Y criticó a Ayuso por atacar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. cuestionando «muy gravemente» su honorabilidad y el trabajo de la Fiscalía. 

En su relato de los hechos, distinguió cuatro fases. Primero, indicó, él recibió la llamada la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, informándole de lo que difundía Miguel Ángel Rodríguez. Luego, la publicación en el diario El Mundo de esa información a las 21.29 del 13 de marzo en la que se aseguraba que la fiscalía había ofrecido un acuerdo y que se había retirado por órdenes «de arriba».

En tercer lugar, se decidió reaccionar institucionalmente, decidiendo preparar una nota de prensa para desmentirlo e incluso ofrecer una rueda de prensa para aclarar la situación, cosa que finalmente no se hizo. Y, por último, el comienzo de una investigación interna para recabar y revisar los correos referidos en la noticia y esclarecer exactamente qué había sucedido.

Declaró que esa noche no tuvo contacto con Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, pero llegó al convencimiento de había que «defender la actuación absolutamente impecable» de los fiscales y que la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid hace su trabajo con «rigor y profesionalidad». «La noche es dinámica», admitió. «Es evidente que si yo quiero los correos, poco más hay que decir», sostuvo sobre la petición a Pilar Rodríguez de que recabara los correos, que esta  le trasladó a las 21.59.

Respecto a la elaboración de la nota que difundió la Fiscalía, explicó que se hizo con los datos que tenía Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez. «No me cabe ninguna duda de que la nota la hacíamos nosotros», aseguró, sobre un texto del que ya asumió toda la responsabilidad.

En cuanto a Miguel Ángel Campos, periodista de la Ser que fue el primero en publicar el contenido del correo filtrado, aseguró que no habló con él esa noche y explicó que la llamada del periodista de cuatro segundos que consta en la investigación sería porque en esos momentos estaba hablando con Pilar Rodríguez. «Entiendo que saltaría el buzón de voz. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco, y menos esa noche», aseguró.

Explicó que en la nota se incorporó una cronología y para ello tuvieron en cuenta que había entrecomillados de los correos que ya se habían hecho públicos, lo que le exculparía de la revelación de secretos. «Quedaba un poco coja la nota si hacíamos caso omiso a lo que ya era de conocimiento y relevancia pública», señaló.

En cuanto a la declaración como testigo de la fiscala Almudena Lastra, que dijo que le había soltado a la cara que había filtrado los correos y que García Ortiz le contestó que «eso ahora no importa», negó haber reconocido ante ella que fue él quien filtró los correos y cuestionó que una fiscala se dirigiera así a un fiscal general del Estado. Explicó que Lastra no era partidaria de emitir una nota y que existe una situación de desafección de Lastra con el equipo de la Fiscalía General del Estado. Sí admitió que le dijo que era «imperativo sacar la nota».

En cuanto al dato clave de por qué borró los mensajes de su teléfono tras conocer que se abriría juicio oral contra él, indicó que los borra una vez al mes. Y, sobre por qué no devolvió el teléfono con los datos borrados, explicó que una vez le dieron el móvil del fiscal jefe de inspección, que era «un móvil reciclado», lo que no le pareció conveniente. Precisó en concreto que no ha devuelto cinco móviles, por esas razones de seguridad. Los cambia  por intimidad personal y familiar, pero también, indicó, porque él es la cabeza de una institución y si su terminal acaba en manos de terceras personas «estoy poniendo en peligro a otros».

Explicó que borró los mensajes de  WhatsApp el 16 de octubre de 2024 con un método de la propia aplicación. Y aseguró que en ese momento «ni en el mes anterior existían los wasaps que son objeto de esta causa». «Eso que yo tengo y que debería haber enseñado para exculparme», añadió, dando a entender que si los hubiera conservado no estaría ahora procesado«Hay una máxima que impone eliminar los datos, es preceptivo, lo dice la norma española, la europea», sostuvo, a pesar de que varios fiscales testigos han asegurado que no existe ese protocolo. 

En cuanto a otro dato relevante, el de por qué pidió que le enviaran los correos del abogado de González Amador a su correo de Gmail, y no al de la Fiscalía, respondió que lo utilizó porque es su cuenta de Gmail y dispone de ella como quiere.«No estoy sujeto a usar una u otra. El Outlook en el móvil se maneja peor, tiene más elementos de seguridad y cualquiera de nosotros sabe que es más complejo», explicó, añadiendo que él maneja «de manera más intuitiva» el Gmail.

Relató que cuando la UCO irrumpió en su despacho puso a su disposición su cuenta de Gmail y dio las contraseñas de todo lo que tenía en su móvil y en su cuenta. Justificó el borrado de esa cuenta de correo porque recibió «mensajes amenazantes muy feos». «Creo que tengo una brecha de seguridad, consulto a la Policía incluso y cierro mi cuenta de Gmail dos meses después de la entrada y registro», sostuvo, asegurando que «no hay ningún ánimo de ocultación».

Terminada su declaración, el abogado de Alberto González Amador y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) mantuvieron sus peticiones de pena de cuatro años de cárcel. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron la absolución.