Sánchez no tiene prisa y juega con el miedo a otras elecciones

«El tiempo corre para todos», asegura Celaá. El candidato socialista se reunirá la próxima semana con representantes de colectivos sociales y no se verá con otros líderes políticos hasta septiembre

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El Ejecutivo insiste: «No se observan condiciones para un gobierno de coalición» Celaá dice que es un «falso dilema» plantear que si no hay gobierno de coalición serán inevitables las elecciones

Madrid | La Voz

Fin al parón estival. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, retomará a comienzos de la próxima semana los contactos para intentar desbloquear el proceso de investidura tras el fracaso de su primera intentona de finales de julio. Pero tal y como adelantó este viernes la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, el candidato socialista comenzará sus encuentros solo con «colectivos sociales y representantes de la sociedad civil», a pesar de que estas instituciones no cuentan con voz ni voto en el Parlamento. La idea de Sánchez es exponerles su proyecto de Gobierno en minoría con la intención de que presionen a algunos partidos, especialmente a Podemos, para que acaben apoyando su renovación en La Moncloa. Las entrevistas con los dirigentes políticos de fuerzas con representación parlamentaria quedan aparcadas para más adelante, ya que en principio no tendrán lugar hasta septiembre.

Sánchez busca acordar «un proyecto político» junto a otros partidos, un programa común, pero nunca con ministros de Podemos dentro del Gobierno, tal y como reiteró la ministra portavoz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «De ninguna manera. No se observan condiciones para un Gobierno de coalición. El proceso de negociación y de investidura lo puso en evidencia. Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable». Celaá sí consideró «transitables» otras opciones, como un compromiso de programa, mediante las que pretenden «acercar posiciones».

La dirección nacional de Podemos trasladó este viernes una carta a sus bases informando que no apoyarán un Ejecutivo socialista monocolor, al considerar «un trágala» la última propuesta de Sánchez.

De este modo, y ante la negativa del PP y de Cs de facilitar la investidura de Sánchez mediante una abstención en la investidura, la repetición electoral para el 10 de noviembre continúa ganando enteros, ya que las líneas rojas marcadas tanto por Sánchez como por Iglesias impiden un acuerdo que se antoja necesario.

El plazo legal para que el Congreso invista a un presidente concluye el próximo 23 de septiembre. En caso de que ese día ningún candidato logre la confianza de la Cámara, la convocatoria electoral será una realidad.

¿Sánchez no tiene ninguna prisa? No lo parece. O al menos no más que el resto, opinan en Moncloa. «El tiempo corre para todos, no solo para este Gobierno. Y el resto de las fuerzas políticas reflexionarán para ver los escenarios que se abren. Tendrán en su mano evitar unas nuevas elecciones», dijo Celaá, tratando de pasar la presión a otros partidos que podrían verse más perjudicados con una repetición electoral, como Podemos o Cs. La ministra portavoz incluso recordó el episodio cuando el PSOE ofreció su abstención en el 2015 para investir a Rajoy y evitar nuevas elecciones, aún a pesar de que Sánchez fue forzado a dimitir por defender justamente lo contrario con el famos «no es no» al expresidente gallego.

Los 700 millones adeudados a Galicia

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo también fue cuestionada por los 700 millones de euros que el Estado central adeuda a Galicia. «Incluso no teniendo Presupuestos este Gobierno ha trabajado lo suficiente como para abrir otra opción para poder producir adelantos, pero para ello es preciso estar en plenitud de funciones. Y este Gobierno está en funciones. No es una cuestión de discrecionalidad para este Consejo de Ministros. Es una cuestión de cumplimiento de la ley», se defendió.

Baleares, Cataluña y Valencia, abocadas a recortes por los impagos de Hacienda

Rubén Santamarta
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La Xunta teme que ese bloqueo «comprometa o funcionamento dos servizos públicos»

El bloqueo de 4.700 millones de euros de las llamadas entregas a cuenta (la participación a las comunidades de los ingresos del Estado) por parte del Ministerio de Hacienda tendrá consecuencias a corto plazo, y se constatarán en la calle. Al menos tres comunidades, las de Baleares, Valencia y Cataluña (las dos primeras, gobernadas por el PSOE) ya han anunciado que tendrán que meter tijera de forma inmediata al carecer de unos fondos con los que contaban para este año, y que el Estado no desbloquea argumentando que, al estar en funciones, no puede inyectarlos en las comunidades. Es un dinero que se está ingresando igual, pero que no puede repartir conforme a lo previsto para el 2019. Una situación que asfixia a las arcas territoriales.

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