Polémica en Mallorca al requisar la Policía los móviles de dos periodistas

Los agentes se han personado en las sedes de Europa Press Baleares y «El Diario de Mallorca» con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística en el caso Cursach. La Asociación de Medios de Información considera que se trata de «un grave ataque al derecho a la información»

Bartolomé Cursach
Bartolomé Cursach

Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en las sedes de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach. 

En la agencia de noticias y con la orden judicial en la mano, tres agentes y una secretaria judicial exigieron a la periodista que cubre la información relacionada con la trama que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa. En concreto, le pidieron que les facilitase el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach sobre el que publicó una noticia a principios del pasado mes de julio y que revelara cómo lo había obtenido. La redactora se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le negaron negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística.

Según El Diario de Mallorca, también a uno de sus periodistas, Kiko Mestre, le fue requisado el móvil por orden del juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Los policías reclamaron asimismo la entrega de los equipos informáticos empleados por el redactor, pero los responsables del periódico rehusaron facilitárselos. Los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.

El periódico balear ha manifestado  su rechazo a tales acciones judiciales que, en su opinión, vulneran los derechos fundamentales a la información y el secreto profesional protegidos por la Constitución.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada. La agencia de noticias, por su parte, reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, un lamento al que se suma gran parte del sector.

Grave ataque al derecho de información

A través de un comunicado, la Asociación de Medios de Información (AMI), ha mostrado su más absoluto rechazo a los registros. Considera que se trata de «un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones». 

AMI recuerda las autoridades policiales o judiciales que «no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones», a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.

También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza de forma tajante la incautación y considera que «vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional». También recuerda que en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.

FAPE cierra filas en defensa de ambos periodistas y exige la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos. 

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